Villena pedirá cambios en el decreto lingüístico al considerar que deja en “desventaja” a los valencianos castellanoparlantes

Durante la tarde de ayer, en el colegio Salesianos, tuvo lugar una reunión en la que la edil de Educación, Conchi Beltrán, y los técnicos de la concejalía explicaron las implicaciones que trae consigo el decreto lingüístico aprobado por la Generalitat, cuyo nivel de aplicación está en manos de los Consejos Escolares de cada centro.
El alcalde recordaba hoy que el “ayuntamiento no legisla ni tiene competencias en este campo”, siendo cada Consejo Escolar –los titulares de los centros en el caso de los concertados– quien “debe decidir el nivel de aplicación en cada caso”. No obstante, todo apunta a que en Villena se va a apostar por “consensuar un inicio con el nivel básico, que corresponde a la situación actual, para ir avanzando progresivamente en la implantación de una mayor exigencia”, decía Esquembre.

El alcalde apostaba por “diferenciar entre los aspectos técnicos de la legislación y no entrar en la pelea política lingüística”, y considera esta situación “una oportunidad para mejorar la enseñanza de idiomas en la escuela y en consecuencia la formación de nuestros jóvenes”. No obstante, admitía que la implantación de este decreto será “dura” para las áreas castellanoparlantes de la Comunidad, como Villena, que se ven “discriminadas y en desventaja respecto a las zonas valencianoparlantes”.

Por ello, tanto en conversaciones privadas, como próximamente y de forma oficial a través de un acuerdo de Junta de Gobierno, desde el ayuntamiento se va a “instar a Conselleria a tener en cuenta la situación e implementar las medidas necesarias para equilibrar la situación, ya sea aumentando las horas, el personal de apoyo y los medios necesarios para poder aprovechar al máximo esta situación”.

Señalando que “es necesario aprender el valenciano y el inglés”, el alcalde apuntaba que “trabajaremos para que esto se lleve a cabo en igualdad de condiciones en toda la comunidad”, aunque admitía que, de las conversaciones privadas mantenidas hasta ahora, no se desprende que los responsables de la Conselleria estén muy preocupados por la situación de las zonas castellanoparlantes. En cualquier caso, concluía Esquembre, “el decreto contiene alguna barbaridad, como señalar que no viene acompañado de mayores recursos económicos para poder evitar el agravio hacia los castellanoparlantes, y eso es lo que vamos a poner en conocimiento de la Generalitat”.